- Los ingresos por impuestos especiales se reducen un 10,2%
El 14 de junio de 1890 la ciudad de Logroño era una fiesta. Además de los actos en honor a San Bernabé, la capital riojana celebraba en el antiguo convento de La Merced la apertura de una fábrica de la antigua Tabacalera. La planta, que llegó a tener 600 trabajadores cuando el Rey Alfonso XIII la visitó en 1903, está sin embargo a punto de pasar a la historia. Y lo hará como la última fábrica de cigarrillos de la Península. Altadis, la propietaria del centro, situado hoy en el polígono industrial de Agoncillo, anunció su cierre el pasado 19 de enero.
La decisión ha movilizado tanto al ministerio de Industria como al Gobierno autonómico, que tras criticar el cierre, se han apresurado en ofrecer ayudas para el mantenimiento de las instalaciones. Pero el cierre no es algo que les haya cogido de imprevisto.
En cada uno de sus informes anuales de gestión, año tras año, Altadis ha ido advirtiendo que la presión regulatoria -con la ley antitabaco o la reducción cada vez mayor del espacio para las marcas en las cajetillas- la excesiva carga fiscal y el auge del contrabando amenazaban su competitividad y podrían provocar cierres y pérdidas de empleo. Y eso es lo que ha pasado.
En los últimos 16 años se han cerrado 12 fábricas y se han recortado 6.000 puestos de trabajo. Ahora parece ya tarde, pero lo cierto es que en un contexto legislativo que cada vez más exigente y con el tráfico ilícito por encima del 12%, el mercado de tabaco ha pasado de facturar 12.992 millones de euros en 2010 a 11.849 millones en 2014. Y aunque todavía no hay cifras oficiales del año pasado, todo indica que la tendencia sigue a la baja. Es una factura de 1.143 millones de euros, que se ha comido el 8,8% del volumen total de negocio de la industria.
Caída del 13%
Y eso que el sector ha podido compensar en parte la caída con el auge de productos como el tabaco de liar. Porque las venta de cigarrillos -la labor más consumida- se han reducido en 1.825 millones. Frente a los 12.061 millones de euros en ventas que alcanzaron las cajetillas tradicionales en su punto máximo en 2010, cuatro años después esa cifra ha quedado reducida a 10.236 millones. Es un desplome del 15%. Inédito en el mercado en tan poco espacio de tiempo.
Así, y aunque la fábrica tabaquera de La Rioja es una de las más avanzadas tecnológicamente, para Altadis, no queda otro camino si quiere “evitar la pérdida de eficiencia y competitividad de la compañía ante la compleja situación que atraviesa el mercado del tabaco en España y en otros países”. Porque si preocupante es la pérdida de facturación, en términos de volumen la caída en la venta de cigarrillos supera el 45% en los cinco últimos años. “No se trata de una decisión cómoda y agradable”, dice ante estos datos el presidente de Altadis, Juan Arrizabalga, que insiste en que el objetivo prioritario en este momento “es ofrecer a todos los trabajadores afectados la mejor solución posible utilizando siempre la vía del diálogo con los representantes de la plantilla”. 
No es fácil pero parece inevitable después de que la constante subida de la fiscalidad del tabaco haya multiplicado por 7,14 veces el coste medio de la cajetilla de cigarrillos en los últimos 25 años, el equivalente a una subida del 614%, al pasar de 0,61 euros en 1990 a 4,37 euros en 2014. O que el contrabando haya pasado de tasas por debajo del 4% antes de la crisis a casi el 13%, con niveles superiores incluso al 40% en comunidades como Andalucía o Extremadura. Juan Páramo, director general la patronal Adelta, insiste por ello en que “el sector del tabaco está firmemente comprometido en la lucha activa contra el comercio ilícito y para ello tiene diferentes iniciativas en marcha, como el control en los volúmenes de venta a los mercados para que el abastecimiento sea proporcional a la demanda esperada y el seguimiento de los clientes a quienes se vende una determinada cantidad de cigarrillos al año”.
Son acuerdos vinculantes de las grandes compañías- Philip Morris, Imperial Tobacco, British American Tobacco y JTI- que concentran el grueso del volumen de cigarrillos con la Unión Europea, a través de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)- y que promueven además acciones de colaboración y formación con las fuerzas de seguridad. Pero aún así, la pérdida de recaudación asociada para las arcas públicas ascendió a 1.010 millones de euros en 2014. Es decir, el 7,5% de los ingresos presupuestados.
El 1% del PIB
Y eso en un sector que aporta el 1% del PIB español, el 5% de la recaudación total de la Administración General del Estado y hasta el 35% de todos los impuestos especiales. Pero, ¿cuál es el problema de fondo? En un estudio realizado en 2014 por Luis Antonio Leis Mayán, profesor de Fiscalidad y de Derecho Financiero y Tributario en el Instituto de Empresa, se pone de manifiesto como el incremento de la presión impositiva no está consiguiendo los resultados esperados. “La curva de Laffer (el momento en el que una subida fiscal provoca una pérdida de recaudación) presenta una importante singularidad en la fiscalidad del tabaco: el descenso en la recaudación puede ser positivo si viene determinado por un menor consumo, pero puede ser trágico si va unido a un desarrollo de la actividad ilegal en la compraventa del tabaco (teniendo en cuenta los efectos nocivos, sanitarios y sociales, que pueden derivar de dicha actividad ilegal y de la falsificación)”.
Y eso es lo que parece que está pasando en el mercado de los cigarrillos. Las ventas se desploman, pero el consumo no cae, sino que deriva hacia el mercado negro. ¿La consecuencia? Los ingresos por impuestos especiales sobre el tabaco, que se elevaron a 7.423 millones en 2010, se redujeron a 6.661 millones de euros en 2014. Con todo ello, el futuro del tabaco es complicado, aunque todavía no negro.