El dispositivo conjunto, formado por una treintena de efectivos de ambas instituciones, se llevó a cabo en un mercadillo ilegal de la capital
Se han incautado 1.500 cajetillas de tabaco y formulado dos denuncias por infracción a la Ley de Contrabando
El tabaco presentaba precintas de países del Este de Europa.
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria (AEAT) en el marco de la colaboración reciproca entre ambas instituciones, ha desarrollado, de forma conjunta, un servicio dirigido a la persecución del contrabando de tabaco, que se ha saldado con la aprehensión de 1.500 cajetillas de tabaco en un mercadillo ilegal, ubicado en una barriada de Murcia. Además se han tramitado dos denuncias por infracción a la Ley Orgánica de Represión del Contrabando.
Una vez más, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria iniciaron un dispositivo conjunto dirigido a detectar la posible comercialización anómala de labores de tabaco, a través de la venta ambulante en mercadillos ilegales de Murcia.
Fruto del dispositivo, compuesto por 30 efectivos de la Benemérita y de la Agencia Tributaria, se identificaron una quincena de vehículos.
En dos de los vehículos inspeccionados se hallaron 1.500 cajetillas de tabaco, de distintas marcas comerciales, las cuales carecían de las precintas fiscales correspondientes y, en su lugar, precintas fiscales de países del Este de Europa, por lo que fueron aprehendidas.
Los conductores de los vehículos, dos ciudadanos ucranianos, fueron denunciados por infracción a la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando.
Con este tipo de inspecciones se pretende, no solo velar por el cumplimiento de la legislación vigente, sino prevenir y perseguir acciones que puedan mermar la salud pública derivadas del consumo de productos ajenos a los controles específicos de sanidad e higiene.
Además, el comercio al por menor de labores de tabaco en España, salvo Canarias, está en régimen de monopolio, del que es titular el Estado, y se ejerce a través de la red de estancos expendeduría de tabaco y timbre. Su comercialización por cauces ilegales, evadiendo el pago de los correspondientes impuestos, supone un perjuicio económico a la sociedad.